Desde el Servicio Nacional del Consumidor aclararon que "las políticas de seguridad de las empresas deben asegurar un trato digno, adecuado y respetuoso para los consumidores".
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) envió un oficio de advertencia a la industria de los supermercados del país para conocer en detalle sus políticas de seguridad, tras tomar conocimiento de algunos casos donde los guardias habrían vulnerado la dignidad de los consumidores.
De hecho, durante el año 2020, el Sernac recibió 800 reclamos relacionados con maltratos de guardias de seguridad, mientras que este año ya suman cerca de 340 casos.
De acuerdo al organismo, el objetivo del oficio es recalcar a las cadenas de supermercados los derechos que tienen los consumidores y los límites de las políticas de seguridad que pueden emplear las empresas.
El director del SERNAC, Lucas del Villar, enfatizó que "si bien es legítimo que las empresas cuiden su negocio, en ningún caso pueden tomar medidas que vulneren los derechos y la dignidad de los consumidores. Las políticas de seguridad de las empresas deben asegurar un trato digno, adecuado y respetuoso para los consumidores".
Incidentes
El servicio tomó esta decisión luego de conocer un par de incidentes ocurridos al interior de locales de la cadena Tottus en la Región Metropolitana, motivo por el cual citó a los representantes de esta compañía para conocer en detalle la versión de la empresa y las medidas a adoptar para evitar que ocurran en el futuro. De acuerdo a los antecedentes que arroje la fiscalización, el Sernac analizará las acciones que correspondan.
Del Villar recalcó que, aunque el servicio de seguridad lo preste una empresa externa, los supermercados deben velar porque se respete la ley "y lo esperable es que estén pendientes que se cumplan los protocolos, con respeto a los derechos de los consumidores".
Además, recordó que los consumidores que, injustamente son acusados de hechos ilícitos, deben exigir la presencia de la autoridad a fin de que se inicie el procedimiento que pueda determinar si existió o no el delito.
Finalmente, se informó que, en caso de maltrato, discriminación o ser acusado falsamente por robo, las empresas se arriesgan a multas de hasta 300 UTM, esto es, alrededor de $15 millones 600 mil por cada infracción, además de las compensaciones que el tribunal determine en favor del consumidor afectado.
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